El aborto en Argentina: datos, normas y argumentos

Agustina Ramón Michel, Silvina Ramos y Mariana Romero
Septiembre 2014

¿Cuál es la situación legal del aborto en Argentina?
  • En la Argentina el aborto está despenalizado bajo el modelo de causales desde la aprobación del Código Penal en 1922.

  • El artículo 86 del Código Penal dispone que “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” Es decir, la norma penal justifica el aborto en tres supuestos: peligro para la vida, peligro para la salud, y en caso de embarazo impuesto por violación. En este último caso, se prevé un permiso genérico y uno específico para las mujeres con discapacidad mental.

¿Cuál es la situación sociosanitaria del aborto en Argentina?
  • Al igual que algunos otros países de América latina, la Argentina cuenta con una estimación del número de abortos inducidos por año. Esta estimación fue realizada a solicitud del Ministerio de Salud de la Nación utilizando dos metodologías validadas internacionalmente: el método basado en las estadísticas de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto y el método residual. Con el primero, el número de abortos inducidos en el año 2000 fue de 372.000 a 447.000, con una razón de aborto inducido por nacimiento de 0,53 a 0,64: esto significa más de 1 aborto por cada 2 nacimientos. Con el segundo método, la estimación para 2004 indica que se realizaron entre 486.000 y 522.000 abortos (1).

  • Desde el punto de vista de las consecuencias que el aborto inducido tiene para la salud de las mujeres, sólo se dispone de la información sobre los egresos de establecimientos públicos por diagnóstico por causa que publica la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud (2). La información de los años 1990, 1995 y 2000, así como en los egresos anuales de 2005, a 2010 muestran que las mujeres de 20 a 24 años representan la mayor proporción del total de los egresos por complicaciones de abortos. En 2010, 52817 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos por complicaciones de un aborto (3).

  • Desde hace dos décadas el aborto ocupa el tercer lugar entre los egresos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio a nivel nacional (3).

  • Cuando en el 2000 la Argentina asumió  los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se estimó que sería necesario un descenso del  5,5% anual de la RMM mundial para alcanzar la meta comprometida en el ODM 5 (Mejorar la salud materna). Para que la Argentina cumpla con la meta comprometida para el año 2015, la RMM debería llegar a 13 x 100.000 nacidos vivos en ese año, lo que podría lograrse si se hubiera dado un descenso anual del  5,4% desde 1990 hasta el final del período (año 2015). Sin embargo, el descenso anual ha sido tan sólo de 1%. De continuar este mismo ritmo de descenso, la RMM llegará a 40,4 x 100.000 nacidos vivos en el año 2015; una magnitud 3 veces superior a la comprometida por el país (4).

  • Para el período 2007-2011, el aborto fue la primera causa individual de muerte materna (23%), tal como lo ha sido en las últimas 3 décadas. En el mismo quinquenio, un más de la mitad de las provincias (17 de 24) tuvieron las complicaciones relacionadas con el aborto como la primera causa individual de MM (5). Estas muertes maternas son evitables dado que el aborto es una práctica segura si se realiza en las condiciones adecuadas.


  • (1) Pantelides E, Mario S: Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina. Notas de población (CEPAL) 2009. 87:95-120.
  • (2) Las publicaciones del Ministerio sólo incluyen los establecimientos del sector público. Las instituciones privadas y de la seguridad social no reportan sus estadísticas.
  • (3) Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. http://www.deis.gov.ar/publicaciones/Archivos/Serie11Nro8.pdf
  • (4) Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. http://www.ossyr.org.ar/grafico-ODM.html
  • (5) Romero M, Abalos E, Ramos S. La situación de la mortalidad materna en Argentina y el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5. Hoja Informativa 8. Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_8.pdf
  • ¿Qué indica la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012?

    Corresponde interpretar ampliamente el artículo 86 inciso 2 (6)

    • Incluye personas con o sin discapacidad psciosocial o intelectual
    • Principio de igualdad y no discriminación requiere que NO se haga una distinción irrazonable /no justificada entre víctimas de un mismo delito
    • De las normas contenidas en los tratados internacionales no se puede establecer un mandato para interpretar restrictivamente el Código Penal (restricciones objetadas por los Comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos)
    • Proteger el embarazo no es incompatible con permitirsu interrupción
    • Principio de inviolabilidad de la persona requiere que se considere a las personas como un fin en sí mismas – no pueden ser usadas utilitariamente / no se pueden imponer conductas heroicas.
    • Principio de legalidad: interpretar restrictivamente la excepción implica ampliar los supuestos de punibilidad

    Da lineamientos para una política pública de salud con enfoque de derechos

    • “… (el artículo 86.2 se aplica a todos los casos de violación) con independencia de la capacidad mental de la víctima, esta Corte Suprema considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento. Ello es así ya que media, en la materia, un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este proceder el que ha obstaculizado la implementación de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la década de 1920”.
    • “En esta inteligencia, este Tribunal quiere dejar expresamente aclarado que su intervención lo es a los efectos de esclarecer la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho por parte de quienes peticionen acceder a ellos, de modo tal que configuren supuestos de responsabilidad internacional”.

    Esto implica:

    1. NO corresponde judicializar los ANP. La judicialización es una práctica institucional.

    1. Innecesaria: no lo requiere el Código Penal
    2. Ilegal: obliga a la víctima de un delito a exponer su intimidad
    3. Contraproducente: la demora pone en riesgo la salud de la mujer

    2. La intervención médica debe limitarse a un/a profesional

    1. Requerir consultas o dictámenes es un proceso burocrático dilatorio
    2. Representa un supuesto de violencia institucional
    3. Se descarta la posibilidad de la persecución penal
    4. El impedimento es una barrera al acceso del servicio de salud, con consecuencias:
      “… Los términos del presente fallo… así como la autoridad suprema del pronunciamiento que se deriva del carácter de intérprete último de la Constitución Nacional y de las leyes, que posee el Tribunal, resultan suficientes para despejar cualquier duda que pudieran albergar esos profesionales de la salud respecto de la no punibilidad de los abortos que se practiquen sobre quienes invocan ser víctimas de violación” (considerando 24)

    3. La obligación del Estado es poner a disposición las condiciones médicas para llevarlo adelante, de una manera rápida, accesible y segura.

    1. No se pueden exigir denuncia, prueba de la violación ni determinación judicial
    2. Sólo “declaración jurada” sin obstáculos “médico-burocráticos o judiciales”

    4. Exhortación a autoridades nacionales y provinciales

    • Implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la atención de ANP removiendo barreras de acceso.

    Contemplar:

    • información y confidencialidad
    • evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen la intervención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
    • eliminar requisitos no médicamente indicados;
    • articular mecanismos para resolver diferencias entre médico/a y paciente;
    • establecer mecanismos que permitan la objeción de conciencia sin perjuicio para la paciente (considerando 30).
    • Establecer protocolos para brindar a las víctimas de violencia sexual asistencia adecuada para su salud física, psíquica, sexual y reproductiva (considerando 31).
    • Que se realicen campañas de información pública para difundir estos derechos
    (6) Citado de la presentación de Gherardi N. El marco legal del aborto en Argentina: Aborto no punible y el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II Reunión de referentes para el fortalecimiento de la política pública de acceso al aborto no punible en Argentina. CEDES. Buenos Aires, 19 – 21 de septiembre de 2012.
    ¿Cuáles han sido los cambios normativos recientes?
      (7)
    • Desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2012, ocho jurisdicciones aprobaron protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo establecido por el Máximo Tribunal. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
    • Nueve jurisdicciones no tienen protocolos. Se trata de la jurisdicción nacional, y las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
    • Ocho jurisdicciones regulan los permisos pero con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles. Se trata de Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
    • Es preciso destacar que el Poder Ejecutivo nacional tampoco ha cumplido aún con lo dispuesto por el Máximo Tribunal. Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la política sanitaria de nuestro país, no le ha dado rango de resolución ministerial a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No Punibles, paso ineludible para que dicho instrumento tenga el efecto legal necesario para garantizar el acceso efectivo a la interrupción del embarazo.
    (7) Asociación por los Derechos Civiles. http://www.adc.org.ar/nuevo-informe-de-la-adc-sobre-el-cumplimiento-de-la-sentencia-de-la-corte-suprema-sobre-aborto-no-punible/
    El aborto en la Argentina y el sistema internacional de derechos humanos: ¿Qué se ha reclamado al Estado?
    • En abril de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) responsabilizó al Estado argentino por no haber garantizado el acceso a un aborto permitido (aborto por violación de una mujer con discapacidad mental) desde 1921 por el Código Penal (avalado además por la Corte Suprema de la Pcia de Bs As en 2007).
    • El 3 de agosto de 2011, la Asamblea General de la ONU presentó un informe en el que se exhorta a los Estados a despenalizar el aborto. El Informe fue elaborado por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, Anand Grover. En este documento se afirma que la aplicación de algunas leyes penales y otras restricciones jurídicas que impiden o dificultan el acceso a determinados bienes de salud sexual y reproductiva, como los métodos anticonceptivos, el aborto, o la educación sexual constituyen una forma injustificable de coerción sancionada por el Estado y una violación del derecho a la salud, a la autonomía, a la dignidad humana y a la igualdad de las mujeres.
    • En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres en Latinoamérica y el Caribe, realizó un pronunciamiento en el que sostiene que los Estados deberían eliminar la sanción penal para la interrupción del embarazo para garantizar el derecho a la salud de las mujeres (8).
    • El Informe de Human Rights Watch sobre la Argentina publicado en 2010, plantea una fuerte crítica al Estado argentino por la falta de políticas públicas serias en materia de derechos sexuales y reproductivos (9).
    • Durante los últimos años ha habido una serie de Recomendaciones e informes de los órganos de seguimiento de los tratados de derechos humanos a la Argentina:
      • Preocupa al Comité que la penalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite (…)”(Comité de Derechos Humanos, “Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina. 03/11/2000)
      • El Estado debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas“ (Comité de Derechos Humanos de ONU. Informe: Argentina. 2010)
      • Una de las preocupaciones del comité es “el alto porcentaje de muertes maternas, especialmente de las adolescentes, relacionadas con los abortos y en los largos procedimientos de interrupción legal del embarazo cuando es resultado de una violación”. Reclamo el Comité que los médicos apliquen las normas “sin intervención de los tribunales” y con la simple solicitud de las niñas y mujeres que fueron víctimas del delito (Recomendaciones del Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 2010).
    • En el 2015 se cumple el plazo para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), uno de los cuales se refiere exclusivamente al mejoramiento de la salud materna y compromete una meta de reducción de la mortalidad materna en ¾ partes respecto de sus valores vigentes en el año 1990. Argentina no cumplirá con este objetivo, y hasta donde la información disponible indica al momento, será el único ODM en el que no podremos mostrar avances ni cumplimientos efectivos.
  • (8) En el marco del 141° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, desde Washington DC. 25 de marzo de 2011.
  • (9) Human Rights Watch. Informe “¿Derecho o Ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”, 2010.
  • ¿Cuáles son las razones que justifican la despenalización del aborto?

      Autonomía y libertad

      • Las mujeres deberían poder ejercer su autonomía en lo que respecta a su cuerpo sin estar sometida a persecusión penal.
      • La decisión sobre la maternidad debiera ser una decisión de libertad y de compromiso, y no una imposición estatal.
      • El derecho argentino no restringe la autonomía de los varones en ninguna forma parecida.

      Salud pública

      • Desde inicios de 1980 , el aborto inseguro producto de la ilegalidad y clandestinidad es la primera causa por la que las mujeres embarazadas mueren en la Argentina. Representan un tercio de las muertes maternas. Solo Jamaica y Trinidad Tobago en América Latina presentan esta misma característica de la estructura de la mortalidad materna, donde las complicaciones relacionadas con el aborto alcanzan el 30% del total de muertes maternas (10).
      • De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, mueren cada año más de 100 mujeres por causas relacionadas a abortos inseguros, lo que arroja una cifra de 3000 mujeres muertas por esta causa (totalmente evitable) desde el regreso de la democracia.
      • Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, anualmente, egresan más 50.000 mujeres de los hospitales públicos por complicaciones por aborto en curso o aborto inseguro, muchas de las cuales deben luego soportar secuelas, tales como la esterilidad.

      Ineficacia de la criminalización del aborto

      • La utilización de la herramienta penal es ineficiente en dos sentidos: no desalienta a las mujeres que toman la decisión de abortar. Tampoco es un delito que sea perseguido por las autoridades.
      • La criminalización del aborto es una medida absolutamente ineficaz para proteger la vida en gestación, puesno disuade a las mujeres de su práctica. Se estima que 400.000 mujeres abortan al año (estimación en base a datos de 2004, avalada por el Ministerio de Salud de la Nación)1 independientemente de su penalización. Esto significa que hay más de 1 aborto cada 2 nacimientos vivos, es decir por cada dos mujeres que tienen un hijo/a hay al menos otra mujer que está abortando, en condiciones de clandestinidad e inseguridad. De este modo, la justificación de la penalización por medio del argumento de la protección de la vida en gestación no tiene sustento en la realidad.
      • Pero la criminalización si resulta eficaz, como lo muestran los datos de  mortalidad y morbilidad materna, para generar la muerte de mujeres, daños en su cuerpo ,su salud. y afectar su dignidad e integridad
      • La persecución policial y judicial del delito de aborto es baja, tal como lo muestra la tabla con datos oficiales . En este sentido, se trata una decisión vinculada de política criminal: no podemos perseguir penalmente todos los delitos, de hecho, los fiscales y los jueces de manera sistemática desisten de investigar las denuncias por aborto o dictan el sobreseimiento. Estadísticas oficiales del Ministerio Justicia muestran la tolerancia y la decisión informal por parte de los tribunales de no perseguir estos delitos.

      La penalización no protege ¨la vida en gestación¨, no desalienta a las mujeres a no abortar,  tiene un impacto directo en la salud de las mujeres,  y provoca la muerte (al arrojar  a las mujeres a circuitos clandestinos y abortos inseguros) y además es ignorada por el poder judicial.

      Igualdad y justicia social

      • Sólo las mujeres se embarazan, y en ese sentido la penalización del aborto las afecta sólo a ellas. Las mujeres en situación de pobreza y las adolescentes están más sometidas a abortos inseguros, a la amenaza penal, y son quienes mueren o sufren  severos problemas de salud. Nuestra constitución, desde 1994, estableció de manera explícita como uno de sus compromisos, la igualdad real entre varones y mujeres. La penalización del aborto discrimina a las mujeres y más aún a las más desprotegidas socialmente.
      • La despenalización del aborto no pronostica un número mayor de abortos. Pero la despenalización reduce la mortalidad materna y la morbilidad materna. Estadísticas y estudios mundiales muestran que donde las leyes son restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros y las tasas de aborto son altas. Una investigación reciente, publicada en la prestigiosa revista de medicina Lancet señala, luego de un análisis de las estadísticas sanitarias mundiales, que las leyes restrictivas no están asociadas con tasas de aborto más bajas, y que las tasas de aborto son menores en las subregiones con normas más permisivas.
      • (10) Romero M, Chapman, Ramos S, Abalos E. La situación de la mortalidad materna en Argentina. Hoja Informativa 1. Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_1.pdf